La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para que se logre una transición pacífica en Venezuela, al tiempo que insistieron en que no se normalice lo que ha acontecido en los meses que siguieron a la elección presidencial del 28 de julio.
“Tres meses y medio después de la elección nuestro mensaje es que lo que sucedió y lo que sucede no se puede aceptar y no se puede normalizar. A la fecha, las autoridades electorales de Venezuela siguen negándose a publicar las actas de las elecciones presidenciales”, manifestó en la conferencia de prensa Roberta Clarke, presidenta de la CIDH.
Indicó que han documentado casos de la represión violenta, la persecución política y la falta de libertad de expresión. Añadió que estas “prácticas de terrorismo de Estado” tienen un impacto significativo en la democracia.
“La Comisión Interamericana insta a reconocer la gravedad de la situación y el efecto disuasivo que esta represión ha tenido sobre la población venezolana, hay que hacer un llamado para respaldar la transición pacífica en Venezuela“, dijo.
Por su parte, la relatora del organismo, Gloria Monique de Mees, insistió en la importancia de un “esfuerzo diplomático multilateral coordinado” para apoyar a Venezuela “en una transición pacífica a la democracia”, y que también permita “restaurar el Estado de derecho y para responsabilizar a aquellos que han violado los derechos humanos en las últimas décadas y, en especial, en estos últimos meses”.
Posición de la CIDH sobre los detenidos en contexto poselectoral
Clarke resaltó que se ha documentado el uso indebido de la fuerza, lo que ha resultado en persecuciones y muertes, sumado a arrestos arbitrarios, desapariciones forzosas y restricciones de la libertad de expresión. Todo esto forma parte del patrón represivo del Estado documentado por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación.
“El gobierno ha violado y reprimido a las personas por manifestarse contra los resultados electorales. Esta es una realidad política para aquellos que se atreven a alzar la voz”, afirmó.
Los relatores recordaron la cifra de detenidos, que según Foro Penal es de 1963. De ellos, 69 son niños y niñas, además de un niño que forma parte del espectro autista. Manifestó que han recibido informes detallados de detenciones arbitrarias en la calle y el uso del contenido en dispositivos móviles, uso de cámaras de vigilancia y drones de patrullaje.
Gloria de Mees, relatora especial de la CIDH, abogó por los detenidos y alertó que enfrentan cargos desmedidos. Fue clara al expresar que en el país “hay una vulneración masiva de derechos” y que se siente un “clima de miedo”.
Situación “alarmante” de privados de libertad
Dentro del encuentro virtual, se habló también sobre los periodistas que están detenidos y otros actos de intimidación, como la anulación de pasaportes a periodistas, civiles y políticas.
Recientemente, la periodista, Ana Guaita, fue enviada a juicio y está imputada por terrorismo e instigación al odio y se convirtió en la tercera comunicadora social detenida en el contexto poselectoral que se enfrentará a un juicio.
Otro hecho que abordaron fue la sobrepoblación de las cárceles venezolanas y el irrespeto a los derechos humanos, tomando en consideración que el país está adscrito a las Reglas de Nelson Mandela de las Naciones Unidas. Los centros de detención no cumplen con los estándares básicos y hasta hace dos semanas, en algunos no estaban recibiendo la paquetería.
Advirtieron que en el caso de las mujeres es más difícil, puesto que la situación de hacinamiento llega a 832 %, mientras que el de los hombres es de 441 %.
José Luis Caballero, comisionado de la CIDH, y encargado de documentar los casos de los adolescentes, comunicó que es alarmante la situación de los niños privados de libertad: “Han sido etiquetados como terroristas, no ha habido un trato de distinción en temas de género”.
Sin solución política habrá más migración
Para la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la migración venezolana también es un tema de interés. Andrea Pochak, comisionada de la organización y especialista en temas de migración, destacó la preocupación de la CIDH y advirtió que si la situación política y social no mejora, los venezolanos seguirán “siendo expulsados del país”.
“La CIDH está monitoreando la situación de las personas que han sido expulsadas o que han salido de Venezuela. En 2023, esta instancia emitió un informe específico sobre migrantes y refugiados. Seguimos monitoreando, promoviendo que los países de tránsito y acogida manifiesten su solidaridad con los ciudadanos”, enfatizó.
Detalló que, según la CIDH, hay 8 millones de venezolanos fuera de su tierra.
En la actividad se subrayó la valiosa labor de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en la documentación de los casos de violaciones a los derechos humanos.
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