El coordinador de Provea denunció que hay un ataque progresivo a lo que es la sociedad civil y pidió el cese de esta persecución. / Cortesía: Provea
El coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en DDHH (Provea), Oscar Murillo, acudió este 20 de noviembre en horas de la mañana a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Caracas, luego de que ese organismo lo citara en el marco de una supuesta investigación basada en la Ley del Odio, luego de que organizaciones civiles exigieron una investigación imparcial en torno al fallecimiento del integrante del partido Voluntad Popular en el estado Apure, Edwin Santos.
“Vinimos a cumplir como una organización de derechos humanos que respeta las leyes y el Estado de Derecho. Quien tiene deudas con el Estado de Derecho y las garantías judiciales del país son precisamente las instituciones del Estado”, declaró antes de su ingreso a la sede del Cicpc.
También precisó que aspiraba conocer las causas por las que estaba siendo citado. Provea precisó el día previo que la citación carecía de elementos formales que “comprometen su validez” conforme a lo establecido en la Constitución Nacional. Entre otros muchos aspectos ausentes la citación -según Provea- no especificó en calidad de qué asistiría Murillo (víctima, experto, intérprete o testigo), lo que constituía “una lesión al principio de certeza jurídica de los actos administrativos”.
“Defender los derechos humanos no conlleva ningún delito”, remarcó Murillo.
“Hay un efecto intimidatorio (…) hay un ataque progresivo a lo que es la sociedad civil y aprovechamos este momento para exigir el cese de esta persecución. Las organizaciones de derechos humanos no estamos disputándole el poder político a nadie, hacemos el trabajo de acompañar a las víctimas y defender derechos humanos”, declaró Murillo.
Agregó que incluso las ONG han emitido una serie de recomendaciones en materia de políticas públicas que las autoridades pueden adoptar.
Periodistas que cubrieron el hecho reportaron que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana tomaron fotos y pidieron nombres a los ciudadanos que se apostaron en la sede del Cicpc para acompañar a Murillo.
El coordinador de Provea salió de rendir declaraciones luego de las 3:00 p.m. de la tarde del 20 de noviembre, tras más de cinco horas de interrogatorio, según precisó la ONG.
“Lo recibe uno de nuestros fundadores, Raúl Cubas, defensor y víctima de la dictadura militar de Argentina que pudo escapar a Venezuela y crear junto a Ligia Bolívar y Dinorah Contramaestre esta ONG en 1988″, escribió en la red social X Provea.
Tras más de 5 horas de interrogatorio en el CICPC, nuestro Coordinador, @oscarfmurillo, sale del cuerpo policial tras citación en Caracas por supuesta “investigación” basada en la Ley Contra el Odio. #ProveaResiste
Lo recibe uno de nuestros fundadores, Raúl Cubas, defensor y… pic.twitter.com/7mivg3wYaW
— PROVEA (@_Provea) November 20, 2024
“Provea resiste”
Murillo agradeció el respaldo de otras organizaciones, amigos, Iglesia Católica y medios. “Provea es una organización nítida, hay una historia que no puede ser borrada (…) Hay que restablecer un diálogo real, si quieres hablar con una ONG de un caso específico no hace falta una citación, puedes enviar una invitación”.
Miembros de varias ONG y ciudadanos lo acompañaron tanto a su llegada como a su salida del Cicpc mientras coreaban “son años de lucha por los derechos de la gente, Provea no está sola, Provea se defiende”.
En la red social X se posicionó la tendencia #ProveaResiste, a través de la cual varias organizaciones denunciaron que la citación irregular contra Óscar Murillo “es una violación al debido proceso”.
De igual forma, 33 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales emitieron un comunicado conjunto en el que condenaron “enérgicamente” la citación policial cursada al defensor Oscar Murillo y recordaron que entre 2020 y 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que los integrantes de Provea estaban en situación de riesgo considerando los constantes señalamientos en su contra, así como por “la vigilancia y seguimiento por parte de agentes estatales”.
“La citación a Murillo no es solo un ataque individual una ONG, sino que representa un esfuerzo por socavar a la sociedad en su conjunto, censurando el cuestionamiento al poder y cualquier reclamo por justicia y transparencia en medio de la represión poselectoral”, alertaron.
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