La Misión de Observación Internacional sobre Libertad de Prensa en Venezuela, conformada por La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Free Press Unlimited (FPU), Freedom House, Fundamedios, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Voces del Sur, publicaron un informe titulado “Restricciones a la libertad de prensa y asfixia mediática en el contexto electoral en Venezuela”.
En el documento se recopila información desde el 1 de julio hasta el 28 de agosto, semanas en las que arreció la persecución a los periodistas y la libertad de prensa en el contexto pre y poseletoral.
Durante la transmisión del informe los expertos destacaron que el país tiene 25 años recibiendo ataques a la libertad de prensa, pero que estos se han intensificado después de los controversiales resultados electorales de las presidenciales del 28 de julio.
Situación antes de las elecciones
Natalia Borrero, de la Fundación para la Libertad de Prensa, explicó que la situación previa a las elecciones era alarmante, con más de 400 medios de comunicación cerrados. La precarización del trabajo periodístico se veía intensificada por la asfixia económica y la falta de oportunidades.
El informe reveló que se habían cerrado un total de 285 emisoras en Venezuela, con el año 2022 marcando un récord de 22 cierres. Además, se sumaron 100 periódicos impresos a esta cifra.
Estos cierres fueron producto de dos formas de ataque: el uso de la violencia por parte de los organismos del Estado y la utilización del miedo como herramienta de represión. Estas prácticas han llevado a los periodistas a adoptar la autocensura como mecanismo de defensa, advirtieron.
Antes de las elecciones, las organizaciones dedicadas a los derechos humanos en el país documentaron los obstáculos enfrentados por la oposición durante la campaña, la cual estuvo marcada por una creciente represión.
La represión se intensificó mediante distintas tácticas utilizadas por el gobierno de Nicolás Maduro, denuncian. El informe menciona, como ejemplo de desinformación, la falsa noticia difundida por el oficialismo sobre un supuesto apoyo de Karol G a la campaña de Maduro, información que fue desmentida por el equipo de la artista. Además, se registró un aumento en los bloqueos a sitios web de información digital y en los acosos judiciales a periodistas.
El documento también resalta la difícil situación generada tras la aprobación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (conocida como la Ley del Odio), y la Ley Anti-ONG.
Desde el 28 de julio en adelante
Durante la presentación del informe, Natalia Borrero destacó la anulación de pasaportes a periodistas, una situación que pudo constatar directamente con los afectados. Según su relato, esta medida intensificó la persecución contra comunicadores, en un contexto marcado por denuncias de posible fraude electoral. En total, se documentaron 62 agresiones relacionadas con su labor.
“A muchos periodistas les anularon el pasaporte simplemente por ejercer su trabajo. Algunos contaron que, tras publicar videos, fueron notificados de esta medida”, señaló Borrero. Estas acciones también derivaron en detenciones; el informe registró un total de ocho periodistas encarcelados.
Sin embargo, las cifras varían según las fuentes: mientras la oficina de Naciones Unidas reportó 16 detenciones, la organización Espacio Público contabilizó 11 casos. En la mayoría de ellos, los periodistas fueron acusados bajo la Ley contra el Odio, enfrentando cargos por incitación a la violencia debido a sus publicaciones.
“Muchos de ellos expresaron que trabajan con las manos amarradas”, comentó Borrero. Según ella, el miedo ha llevado a los periodistas a recurrir a la autocensura como mecanismo de autoprotección. “Prefieren no firmar sus notas, evitan usar celulares en sus reportajes por temor a una requisa que revele videos o mensajes comprometedores, y optan por ocultarse durante transmisiones. Esta realidad está dejando a los venezolanos con menos acceso a la información, ampliando los desiertos informativos”, explicó.
Además, Borrero mencionó que varios periodistas y propietarios de medios confesaron que la presión los obliga a limitar los espacios de opinión, optando incluso por transmitir música en lugar de noticias.
Por último, denunció que la llamada “Operación Tun Tun” se ha convertido en una herramienta de intimidación y encarcelamiento contra periodistas. Esto ha llevado a que las fuentes de información eviten hablar, restringiendo aún más el espacio cívico y la libertad de prensa en el país.
Resiliencia y la adaptación medios venezolanos
El documento destaca la capacidad de adaptación y resiliencia de los medios de comunicación venezolanos en un contexto adverso. Según diversas organizaciones, entre 2021 y 2023 se han creado más de 25 medios digitales que, a través de redes sociales, buscan llevar información a la población.
Sin embargo, también se aborda la precariedad del servicio de Internet y las herramientas empleadas por el gobierno de Nicolás Maduro para acceder a metadatos, lo que representa un desafío constante para el periodismo independiente. A pesar de ello, surgen iniciativas innovadoras que logran acercar información de calidad incluso en espacios poco convencionales, como los autobuses, fortaleciendo el derecho a la información.
Entre estas innovaciones destaca el proyecto ‘El pana y la chama’, una iniciativa diseñada para proteger la identidad de los periodistas mientras informan a la ciudadanía sobre los hechos del país. Este esfuerzo refleja el compromiso del periodismo venezolano con la lucha por la libertad de prensa y su capacidad para adaptarse frente a las restricciones y riesgos actuales.
Recomendaciones para mejorar la situación
El informe incluye una serie de recomendaciones dirigidas tanto al Estado venezolano como a los organismos internacionales.
Entre las recomendaciones al Estado venezolano, se destacan:
Liberar a los periodistas detenidos, dado que los procesos judiciales “carecen de validez; garantizar la transparencia sobre el estado de las personas encarceladas”.
Instan también a promover políticas públicas que aseguren el acceso a la información y un servicio de Internet adecuado y derogar leyes como la Ley contra el Odio, la Ley de Fascismo y la Ley Anti-ONG, por su “uso inconstitucional y su impacto en la libertad de expresión”.
Para los organismos internacionales, las recomendaciones incluyen:
Mantener la atención sobre Venezuela y su situación de libertad de prensa; propiciar el diálogo para proteger los derechos de los periodistas; fortalecer las capacidades de financiamiento para iniciativas periodísticas y flexibilizar los métodos de acceso a fondos destinados a los medios de comunicación del país.
Durante la presentación del informe, Marianela Balbi, directora del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), enfatizó que la criminalización del ejercicio periodístico ha alcanzado niveles alarmantes, asegurando que “nunca antes se había evidenciado una violencia tan letal.
Por su parte, Pedro Vaca, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió que la libertad de prensa en Venezuela es un derecho que se encuentra cada vez más distante.
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