“Si a ellos los condenan y no hay una madre en el portón esperando, se van a morir”. Con esta frase Manuela González, madre de Anthony Quijada, de 23 años, pidió que no se olviden de los presos políticos y que “no los dejen morir”, después de cuatro meses de detención y diferentes traslados.
González indicó que a su hijo lo trasladaron de Yare III a Tocorón y que le pidió a su papá que ella no lo fuera a visitar, que lo dejaran morir, porque está perdiendo todas las esperanzas. Quijada fue detenido en Barcelona, estado Anzoátegui, mientras esperaba un taxi con un compañero para llegar a casa.
En la concentración al frente de la sede del Ministerio Público en Caracas, que tuvo lugar este 9 de diciembre en Caracas, los familiares afirmaron que no se cansarán de exigir justicia y denunciaron diferentes violaciones de derechos humanos.
“Los muchachos quieren dejar de existir”
Isabel Ramírez, madre de Carlos Valecillo Ramírez, de 34 años, y quien atentó contra su vida en el Centro Penitenciario de Aragua, Tocorón, expresó a Runrun.es que “él es inocente de todo lo que se le acusa”.
“Gracias al Señor, los muchachos que estaban con él pudieron salvarle la vida. Me dijeron que estaba en enfermería, pero realmente no sé si está ahí. No me permiten verlo y solo le pido al fiscal y al presidente de Venezuela que, por favor, me den fe de vida de mi hijo. Sé que ningún ser humano o preso debe estar bien en una prisión en la que se le violan todos sus derechos”, afirmó.
Su madre insistió en que Valecillo es inocente y manifestó: “Quisiera que le dieran la libertad a mi hijo. Su expediente es el 115-24 y en ese mismo expediente hay alrededor de 56 personas que fueron detenidas y no comprendo como en un solo documento hay personas de diferentes estados”.
Ramírez recordó que en Tocorón se han registrado más de 11 intentos de suicidios: “Esos muchachos allá dentro están desesperados, esos muchachos quieren dejar de existir por la situación que están viviendo. Es un infierno terrible el que vive cada persona ahí adentro”.
MP desconoce violaciones de Derechos Humanos
La mamá de Valecillo fue una de las representantes que entró al Ministerio Público, después de más de una hora de espera. Los familiares, que tenían sus documentos en mano, fueron atendidos en el pasillo por el abogado de la división de delitos contra funcionarios públicos, Julio García.
García aseguró, según familiares, que no tenían conocimiento de las violaciones de derechos humanos que se estaban denunciando y que todas las pruebas adjuntadas serían transmitidas al fiscal general, designado por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y ratificado por la AN oficialista, Tarek William Saab.
“El señor dijo que apenas estaba conociendo las causas y lo que estaba ocurriendo con nuestros presos políticos. Aun y cuando sabemos y reiteramos que su trabajo es conocer todas las denuncias que hemos presentado hasta ahora y que no era nuestra responsabilidad que estos fiscales desconozcan nuestras denuncias”, enfatizó Diego Casanova, del Comité para la Libertad de los Presos Políticos.
García se comprometió a seguir el caso de Valecillo y que se le brindará la atención adecuada, además de establecer un canal de comunicación con los familiares de los presos políticos para que se le presenten las pruebas individuales.
“Se le entregó la carta que escribió Carlos, en la cual confiesa su deseo de quitarse la vida. Se comprometió, incluso hoy mismo a darle respuesta al caso y a verificar que está vivo y que le hagan una evaluación médica exhaustiva para conocer su situación física y de salud mental”, manifestó Casanova al frente del Ministerio Público.
“Mi hijo está en una situación inhumana”
A lo largo de estos cuatro meses, los familiares han denunciado la falta de alimentación en los centros de reclusión venezolanos. Elizabeth González, madre de Eliangel Santaella, de 25 años, denunció que su hijo está enfermo y que ha presentado cuadros de diarrea que no han sido tratados.
González indicó que -en varias oportunidades- le han dejado suero y la última vez no se lo pasaron, al igual que tampoco le hicieron llegar unas bebidas nutricionales y suplementos alimenticios que le llevaron. “Les dan dos arepitas, una a las 2 de la tarde y otra en la noche, eso no es comida para un ser humano”.
El padre del joven, Tony Santaella, argumentó que cada día la situación se pone más fuerte y están desesperados. “Mi hijo ha perdido 45 kilos y está en una situación inhumana. No podemos esperar a que más muchachos quieran morir”, sostuvo.
Otra madre, Benigna Farfán, madre de Samu Raúl Uribe, detenido en Apure, expresó que su hijo fue detenido mientras estaba vendiendo plátanos para mantener a su abuela. “Un policía lo bajó del camión y él no sabía por qué. Mi hijo está en Tocorón y tiene más de dos meses enfermo, no come, no duerme porque no puede evacuar. Él era un muchacho que nunca había sufrido nada”, comunicó.
Farfán pide un poco de humanidad para su hijo y también para el resto de los presos políticos. En el caso de Uribe, él era el cuidador de su abuela, de 80 años, y desde que está detenido, la salud de la adulta mayor está en deterioro.
¿Qué sigue ahora?
Tras diferentes protestas y manifestaciones, el miércoles, 11 de diciembre, los familiares entregarán -de manera individual– un documento con todas las pruebas de inocencia de sus familiares y una carta general de la situación de los presos políticos para exigir la liberación de todos por igual.
Manifestaron que continuarán exigiendo justicia y que no se cansarán porque, para ellos, no habrá Navidades felices con sus hijos y hermanos detenidos.
A lo largo de la concentración, alertaron sobre el receso procesal, que inicia el 15 de diciembre, además de las vacaciones de los funcionarios del Estado. Una madre comentó que, desde el Ministerio Público, le afirmaron que saldrían de vacaciones desde el 20 de diciembre hasta el 20 de enero.
“Ellos se van de vacaciones y nosotras estaremos aquí, persistiendo para que suelten a nuestros hijos. Nos quieren dejar con esta zozobra, pero seguiremos en la calle, porque si nosotras no tenemos Navidades felices, ellos tampoco”, soltó una de las madres.
Pese a las diferentes promesas de la revisión de los casos por parte del fiscal general, las mamás recordaron que los atropellos no han cesado y que hace pocos días, cerca de 200 detenidos en contexto postelectoral fueron trasladados a Tocorón sin aviso a los familiares.
Los familiares y organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos han denunciado que dicho centro de detención se encuentra en estado de hacinamiento. Los familiares de presos políticos recluidos en ese lugar han denunciado en reiteradas ocasiones que sus hijos “pasan hambre”.
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