La organización no gubernamental Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 614 casos de persecución y criminalización en Venezuela durante todo el año 2023.
De acuerdo con el “Monitoreo de Criminalización y Persecución en Venezuela”, Cepaz denunció que estos actos responden a “una política del Estado venezolano para mantenerse en el poder mediante la aplicación de diversos patrones”.
Entre esos patrones, destacó la ONG, está el cierre de emisoras y programas de radio, bloqueo de páginas web, detenciones arbitrarias, hostigamientos, entre otros.
Enero fue el mes con mayores casos, con 187 actos de persecución y criminalización. Seguido de julio con 63 casos y junio con 61.
Asimismo, la población fue la categoría de sujetos víctima de mayor cantidad de actos de persecución, con 190 casos. Los trabajadores y medios de comunicación fue la segunda categoría de sujetos más perseguidos con 184 casos, mientras que 134 personas vinculadas con la política enfrentaron la aplicación de este tipo de patrones.
En total, 104 organizaciones no gubernamentales, una universidad y una organización gremial también integraron la lista de sujetos perseguidos. Los ataques se dividen de la siguiente manera:
- 252 casos de hostigamiento y amenazas
- 74 despidos injustificados
- 72 irregularidades en procedimientos judiciales
- 59 detenciones arbitrarias
- 59 impedimentos de registrar un hecho noticioso
- 22 medidas cautelares
- 20 cierres de programas de radio
- 19 órdenes de aprehensión
- 13 cierres de emisoras de radio
- 9 allanamientos irregulares
- 8 bloqueos de páginas web
- 3 intervenciones de organizaciones
- Una inhabilitación política
- Una anulación de pasaporte
- Cierre de un local
- Una suspensión de elecciones universitarias
Por otra parte, funcionarios del Estado engrosaron la lista de perpetradores, con 255 funcionarios involucrados en actos de persecución. Seguido por las fuerzas de seguridad del Estado, con 151 casos y el Poder Judicial, con 74 casos.
Obstáculos para la participación libre y amenazas de perder beneficios sociales
El 22 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones primarias de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con el monitoreo de Cepaz, evento “fue afectado por la censura, amenazas, violencia y abuso de poder por parte del Estado”.
Durante la primaria ocurrió la emisión órdenes de aprehensión contra opositores, el impedimento a trabajadores de comunicación y a la sociedad activa y comprometida con la veeduría electoral de registrar los acontecimientos, el bloqueo de la página web de la Comisión Nacional de Primaria, el bloqueo de la plataforma verificadora de votantes, detenciones arbitrarias de miembros de la Comisión Nacional de Primaria, anulación de pasaportes del equipo de trabajo de María Corina Machado, entre otros.
También hubo actos de vandalismo contra sedes de partidos políticos y amedrentamiento contra personas que ofrecieron sus viviendas para centros electorales, se registraron ataques violentos en los centros de votación como ataques a las fachadas, robo de materiales, entre otros.
El 3 de diciembre de 2023 se llevó a cabo la consulta popular sobre el Esequibo, organizada por el gobierno de Nicolás Maduro. Este evento de participación ciudadana también se encontró enmarcado en diversas irregularidades, especialmente la censura y amenazas.
“Hubo múltiples limitaciones para que los trabajadores de la prensa independiente pudieran ejercer sus labores de manera libre y segura. Además, de acuerdo con diversas denuncias, tanto los trabajadores públicos, como la población más vulnerable fue obligada a participar bajo amenazas de perder algunos beneficios sociales e incluso sus puestos de trabajo”, documentó Cepaz.
Persiste la censura y represión a la prensa
El año 2023, de acuerdo con el monitoreo de Cepaz, dejó “un panorama desolador para los medios de comunicación independientes y los periodistas críticos”.
“El hostigamiento contra los trabajadores de la prensa se intensificó, con casos documentados de intimidaciones, detenciones arbitrarias y agresiones físicas. Los periodistas que se atrevían a informar sobre temas sensibles o críticos para el gobierno enfrentaron represalias directas, en un intento evidente de silenciar las voces disidentes y controlar la narrativa mediática”, denunció la ONG.
La organización alertó, también, que el bloqueo de páginas web “se convirtió en una herramienta común para restringir el acceso a la información independiente y crítica”.
En año pasado se produjo el cierre de 13 emisoras de radio, la salida del aire de 20 programas de radio” e incluso la decisión de autocensurarse por temor a represalias agravaron aún más la crisis de libertad de prensa en Venezuela”.
Organizaciones no gubernamentales en la mira
En el año 2023, las ONG en Venezuela enfrentaron “un entorno cada vez más hostil”, el cual según Cepaz estuvo caracterizado por la amenaza constante del Estado mientras desarrollaban sus actividades en un espacio cívico severamente lesionado.
La Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó en primera discusión el proyecto de “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”.
“Este proyecto de ley tiene como objetivo establecer un sistema uniforme para la creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo de las ONG y afines. Sin embargo, detrás de estas disposiciones se esconde un claro intento de controlar el manejo económico y el financiamiento de dichas organizaciones, lo que representa una seria amenaza a su autonomía e independencia”, alertó Cepaz.
Al menos 104 ONG fueron víctimas de actos de criminalización. Estos actos incluyeron detenciones arbitrarias, hostigamientos y amenazas directas contra los trabajadores y líderes de estas organizaciones, así como la intervención forzosa de una organización. Además, se registraron numerosas irregularidades en los procedimientos judiciales relacionados con las ONG, lo que pone en duda la imparcialidad y la justicia del sistema legal en Venezuela.
Puede leer el monitoreo completo aquí
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