A tres meses de un arresto denunciado como arbitrario, y en una audiencia celebrada el 11 de noviembre, se ordenó el pase a juicio de la periodista Ana Carolina Guaita Barreto, corresponsal del medio La Patilla en La Guaira.
El dirigente político y exgobernador de Táchira, César Pérez Vivas, informó en su cuenta en X que Guaita fue imputada por la presunta comisión de delitos como instigación al odio, terrorismo y obstrucción de la vía pública.
“Una medida atroz para una joven cuyo delito es ser hija de calificados dirigentes de la oposición democrática y periodista (..) Una justifica politizada, que viola los más elementales derechos por obedecer las instrucciones del estado-PSUV”, denunció Pérez Vivas-.
Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas rechazó tanto el juicio como los delitos que se le imputan a Guaita: “No se encuentra ajustado a derecho y desde el principio se ha violado el debido proceso y su derecho a la defensa”.
A la comunicadora social la detuvieron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) la noche del 20 de agosto en la urbanización El Rincón, en la zona de Maiquetía, según confirmaron varios familiares al Sindicado Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
A principios de noviembre, el SNTP exigió la libertad inmediata de Guaita y alertó que la comunicadora social llevaba más de 45 días detenida, por lo que se vencía el plazo para que el Ministerio Público presentara el acto conclusivo sobre su caso.
“Terrorismo de Estado por perder una elección”
Robert García Prada, secretario general nacional de Copei, calificó de “terrorismo de Estado por perder una elección” la decisión contra Ana Carolina Guaita.
“Desde Copei rechazamos esta nueva arbitrariedad. Una joven periodista y deportista, que le arrebatan su futuro”, lamentó.
Mientras que Tamara Sujú, defensora de DDHH, comentó que el caso de Guaita es una muestra de que en Venezuela “la dictadura avanza en la práctica de la judicialización de familiares de personas perseguidas”, tras recordar que la periodista es hija del secretario general del partido Copei en Vargas, Carlos Guaita, y de Xiomara Barreto, también dirigente de esa organización, quien promovió la participación electoral en ese estado.
Cabe recordar que el 27 de agosto de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 58/2024, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor Guaita, al considerar que se encontraba “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
Comunicadores sociales en la mira
Guaita es la tercera comunicadora social enviada a juicio tras ser detenida en el contexto poselectoral. Hace tres semanas, los trabajadores de la prensa Deisy Peña y Paúl León corrieron con la misma suerte.
Paúl León es camarógrafo del medio Venezolanos por la Información (VPI). Fue detenido el 30 de julio por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Valera, estado Trujillo. Mientras que Peña fue detenida el pasado 2 de agosto en Los Nuevos Teques, municipio Guaicaipuro del estado Miranda.
Además de Deisy Peña y Paúl León, otros trabajadores de la prensa detenidos en el contexto poselectoral son Luis López (reportero/La Guaira), Yuosnel Alvarado (fotoperiodista/Barinas), José Gregorio Camero (productor y presentador/Guárico), Eleángel Navas (fotógrafo y community manager/Anzoátegui), Gilberto Reina (reportero/Bolívar)
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