La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) modificó recientemente las medidas otorgadas a la líder opositora María Corina Machado en vista de las agresiones, amenazas y hostigamientos que ha sufrido de parte de funcionarios del oficialismo luego de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Nicolás Maduro.
La CIDH exigió al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Machado. También lo instó a garantizar la participación política de Machado sin que sea objeto de amedrentamientos.
Advirtió que el Estado debe informar a Machado y a sus abogados sobre la existencia de algún proceso de investigación en su contra, incluyendo los supuestos delitos que se le imputan, la fiscalía y la autoridad competente a cargo. Igualmente exigió que se le permita acceso al expediente en pos de que pueda presentar los recursos de defensa correspondientes.
Asimismo la CIDH se refirió a la situación de las seis personas del Comando de Machado que se encuentran refugiadas en la embajada de Argentina en Venezuela.
“En una democracia ninguna persona con liderazgo político debería verse obligada a aislarse en una embajada o abandonar el país para resguardar derechos como la vida, la integridad y la libertad…reiteramos el llamado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas venezolanas, así como agotar todas las medidas para canalizar los conflictos, priorizando el diálogo y la negociación”.
La CIDH igualmente amplió las medidas cautelares a Franklin Caldera Cordero, padre del militar venezolano Franklin Caldera Martínez, quien desertó en 2019 y se fue a Colombia.
Los familiares de Caldera Martínez denunciaron que funcionarios venezolanos se infiltraron en el vecino país, secuestraron al ex primer teniente y actualmente está preso en Caracas.
Su padre aseveró que Caldera Martínez ha estado en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta y en la cárcel de Ramo Verde.
Caldera Martínez fue involucrado en el régimen madurista en la llamada Operación Aurora en 2019 y en la Operación Gedeón, supuesta conspiración ocurrida en las costas del estado Vargas un año después.
Desde el encarcelamiento de su hijo, Caldera Cordero se ha convertido en un defensor de los derechos humanos.
La CIDH denunció que Caldera Cordero ha sido blanco de persecuciones, amenazas de muerte y hostigamiento.
El organismo internacional también denunció que Yuraima Martínez, esposa de Caldera Cordero, es objeto de amenazas y vigilancia.
Protegen a Labrador
La CIDH también decidió ayer otorgar medidas de protección al diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia, Eduardo Emiro Labrador, luego de considerar que su vida e integridad se encuentra en peligro.
Labrador fue detenido el pasado 18 de octubre por agentes de la Policía Regional del Zulia y trasladado a un lugar desconocido.
La CIDH lamentó la falta de información y de implementación de medidas de protección por parte del Estado.
La organización exigió al Estado informar sobre las circunstancias de la detención y el paradero de Labrador.
De habérsele imputado delitos, la CIDH estimó indispensable que el Estado precise si fue presentado ante un tribunal competente.
Igualmente pidieron que familiares y representantes legales puedan tener acceso al expediente para ver de qué delitos se le acusan.
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