En respuesta a los duros señalamientos del fiscal de la Corte Penal Internacional respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, a través de la Cancillería, confirmó este martes la reactivación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en el territorio venezolano, que fue expulsada en febrero por supuestos sesgos en su labor.
El pasado 2 de diciembre Karim Khan solicitó a la administración de Nicolás Maduro respetar el principio de complementariedad acordado en su más reciente visita a Venezuela.
“La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin camino”, afirmó Khan durante la 23º sesión de la Asamblea de los Estados Parte de la CPI,en La Haya. En las mismas declaraciones, abogó por la liberación de los adolescentes detenidos y recordó al gobierno venezolano que debían permitir la entrada de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como le habían “prometido previamente por escrito”.
La cancillería de Maduro aseguró que el gobierno ha informado de forma “oportuna y ampliamente” a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional “sobre todas las medidas adoptadas en el orden interno para avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Estatuto de Roma”.
“De modo que el país ve con preocupación que el funcionario no haya sido informado de estos avances y el punto exacto en que se encuentran los asuntos abordados en sus desacertadas declaraciones, incluyendo la reactivación de la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el territorio venezolano, concretada en el mes de noviembre del corriente año”, abunda el comunicado.
El texto cierra con la denuncia de que se estaría intentando utilizar la institucionalidad de la CPI “con fines contrarios a su razón de ser”.
Expulsión en febrero de 2024
El 15 de febrero de 2024, el gobierno ordenó a los 13 funcionarios de la Oacnudh a retirarse del país en un plazo de 72 horas. Nicolás Maduro denunció en declaraciones posteriores que dicha instancia presuntamente se dedicaba al “espionaje y la conspiración”
«Esa oficina se desvió (…) se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela», espetó en esa oportunidad, durante una edición de su programa semanal.
El 23 de abril de 2024, en una alocución pública junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Nicolás Maduro, reveló que había recibido la propuesta de Khan para reabrir esta oficina de la ONU.
“Estoy de acuerdo en que superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos y estoy preparado para recibir al enviado de Volker Türk (Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos); como siempre, las puertas del Palacio de Miraflores están abiertas para que vuelva Volker Türk”, recalcó el gobernante venezolano.
En 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM por sus siglas en inglés) sobre Venezuela, junto con el mandato de asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). La oficina del alto comisionado se estableció en el país a mediados de 2019, tras una visita de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien era en ese momento la alta comisionada.
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