Rocío San Miguel cumplió cuatro meses detenida  – Nacionales

Cuatro meses detenida cumplió el pasado fin de semana la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

A la activista no se le ha permitido nombrar una defensa privada, aspecto que ningún funcionario del gobierno de Maduro ha explicado, en especial el fiscal general de la República designado por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

San Miguel fue detenida el pasado 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar con su familia.

Días después, el propio Saab la involucró en una conspiración denominada “Brazalete Blanco”, una supuesta operación para derrocar al gobierno madurista.

“Rocío San Miguel ha sido mantenida en detención preventiva sin acceso a un tribunal independiente e imparcial, no se le ha permitido el acceso adecuado a su abogado defensor, y no se han establecido fechas concretas para una audiencia”, expresó la ONG Defiende Venezuela a través de un comunicado.

De acuerdo a la organización al menos cinco derechos se le han violado a San Miguel, derecho a la libertad y seguridad personal, a un juicio justo, a la libertad de expresión y opinión, a no ser sometida a torturas o tratos crueles y a la protección judicial.

Defiende Venezuela expuso que el derecho a un juicio justo está consagrado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

“Se hizo la designación de defensa privada conforme a lo previsto en el artículo 127, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo que el juez (Carlos Enrique Liendo) no hizo absolutamente nada para la constitución de la defensa técnica, que no era otra cosa que levantar la correspondiente acta de aceptación y juramentación de los abogados”, dijo el abogado Juan González Taguaruco.

La defensa agregó que debido al incumplimiento del tribunal se interpuso una acción de amparo que fue declarada inadmisible por la Sala Especial Segunda de la Corte de Apelaciones de Terrorismo, una acción que fue apelada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

La ONG también denunció que Rocío San Miguel ha sido sometida a condiciones de aislamiento en la sede del Sebin en El Helicoide y que le ha sido negada atención médica.